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López Obrador concentra el poder

– El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador

Con el inicio de la llamada “Cuarta Transformación”, comenzará a implementarse un nuevo modelo de gobierno en el que múltiples funciones se concentrarán en la Presidencia de la República.

De acuerdo con las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública (aprobadas gracias a la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados y el Senado), desde la Oficina de la Presidencia se manejarán los Programas Sociales prioritarios, la Comunicación Social, los asuntos jurídicos, la estrategia digital e incluso la preservación de la memoria histórica.

Según el nuevo organigrama del gobierno federal, la Presidencia contará con un consejo asesor empresarial, un consejo asesor en materia de seguridad, un consejo de memoria, una coordinación de desarrollo rural y comisiones especiales, que no existían.

Desde Presidencia, cuatro funcionarios podrán hacer nombramientos en secretarías de Estado, ejecutar presupuestos y decidir políticas: Alfonso Romo, Jefe de la Oficina; Gabriel García Hernández, coordinador general de Programas Integrales de Desarrollo; Julio Scherer Ibarra, consejero Jurídico, y Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de Comunicación Social.

En el rediseño gubernamental destacan, además, las nuevas facultades de la Secretaría de Hacienda, para establecer el sistema de compras consolidadas y el nombramiento de los titulares de las Unidades de Administración y Finanzas que sustituirán a los Oficiales Mayores, así como la centralización de los órganos internos de control (OIC) desde la Secretaría de la Función Pública.

Es decir, los secretarios de Estado operarán con al menos cuatro funcionarios nombrados desde otra instancias: Titular de Administración y Finanzas (antes oficial mayor), Jefe de Unidad Jurídica, contralor o titular de OIC y enlace de Comunicación.

La creación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la sustitución de la Secretaría de Desarrollo Social por la Secretaría del Bienestar también son parte de la “Cuarta Transformación”.

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador


Oficina de la Presidencia

Para ejercer el poder, Andrés Manuel López Obrador recurrirá a una figura creada por Carlos Salinas de Gortari en diciembre de 1988: la Oficina de la Presidencia, que ocupó el polémico José Córdova Montoya hasta el 30 de marzo de 1994 y que entró en desuso en 1997, cuando Ernesto Zedillo decidió desaparecerla.

La oficina fue retomada por Felipe Calderón en diciembre de 2006, para otorgarle facultades extraordinarias de gobierno e influencia política a su principal colaborador, Juan Camilo Mouriño.

Con Enrique Peña Nieto, la Oficina fue ocupada por Aurelio Nuño (quien operó desde ahí las reformas del Pacto por México) y por Francisco Guzmán.

En las reformas aprobadas por Morena para preparar el arribo del nuevo Presidente, se mantiene la Oficina como instancia de “apoyo directo” al titular del Poder Ejecutivo, “para el seguimiento permanente de las políticas públicas y su evaluación periódica”. Y se especifican tres tareas adicionales:

“Definir tecnologías de informática, tecnologías de la información y comunicación (TIC), y gobierno digital. Formular y conducir la política de comunicación social del gobierno federal, y establecer el modelo organizacional y de operación de las unidades administrativas que realicen actividades en esta materia. Difundir y proyectar el derecho a la Memoria de la Nación”.

Adicionalmente, el Presidente electo anunció que desde esta Oficina se coordinará el consejo asesor de empresarios, en el que confluyen dueños y representantes de las televisoras (Ricardo Salinas Pliego, Olegario Vázquez Aldir y Bernardo Gómez), y otros empresarios: Carlos Hank González, Miguel Alemán, Miguel Chávez, Daniel Rincón y Sergio Gutiérrez.

La Oficina será coordinada por el empresario Alfonso Romo, quien desde hace un par de años es uno de los colaboradores más cercanos de López Obrador.


El coordinador de “súperdelegados”

Una de las reformas más importantes a la ley de la APF fue la del artículo 17, que anteriormente sólo establecía la existencia de delegaciones u “órganos administrativos desconcentrados” de las Secretarías de Estado, con facultades para resolver en la materia de cada dependencia y dentro del ámbito territorial específico. Con este artículo, se dio pie a la creación de una red de delegados del gobierno federal (al menos uno por cada Secretaría y órgano desconcentrado), que tenían interlocución con los gobiernos locales y la facultad de operar programas sociales.

En 2002, los panistas Felipe Calderón y Diego Fernández de Cevallos denunciaron que, a través de esa red de funcionarios, el PRI se dedicaba a boicotear al gobierno de Vicente Fox, pues los delegados seguían siendo militantes del tricolor.

Al llegar a la Presidencia, en 2006, Calderón nombró a militantes panistas en la mayor parte de las delegaciones y, aunque seguían adscritos a las Secretarías de Estado, en los hechos los delegados eran coordinados por el jefe de la Oficina de la Presidencia, Juan Camilo Mouriño.

De 516 delegaciones que había en 2009, 350 eran encabezadas por militantes del PAN, ejerciendo un presupuesto de más de 8 mil millones de pesos.

Con Enrique Peña Nieto, los priistas volvieron a las delegaciones a partir de 2012, y no faltaron las denuncias de la oposición acerca del uso político que se hacía de estas oficinas. El PAN denunció, en Puebla y Veracruz, que los delegados federales eran los verdaderos jefes de las campaña priistas locales.

En su administración, López Obrador contará con un ejército de “coordinadores estatales de Programas de Desarrollo” (todos con el perfil de operadores de Morena en sus estados) y con una oficina que, desde la Presidencia, tutelará a estos “súperdelegados”.

Gabriel García Hernández, quien fuera director de Adquisiciones de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal cuando AMLO fue jefe de Gobierno, será el coordinador general de Programas Integrales de Desarrollo.

Electo senador plurinominal, Gabriel García se ha convertido en uno de los colaboradores más cercanos a López Obrador, aunque manteniendo un bajo perfil hasta el momento.

El coordinador de “súperdelegados” fue apoderado legal de la asociación Honestidad Valiente (fundada por López Obrador antes de crear Morena); secretario de Organización, secretario técnico del Consejo Nacional y enlace de Morena en Michoacán.

En 2012, fue coordinador de la Defensa del Voto de la campaña de AMLO, y en 2018, operó las redes estatales de Morena.

Licenciado en Economía y maestro en Finanzas Públicas, García Hernández es el encargado, desde julio pasado, de levantar el llamado “Censo del Bienestar”, que tiene el objetivo de redirigir los programas sociales, a partir de una red activada desde la etapa de transición.

Aunque los nuevos “súperdelegados” están adscritos administrativamente a la Secretaría del Bienestar, serán nombrados y dirigidos desde esta coordinación de la Presidencia.

Según la nueva Ley de la APF, las delegaciones de Programas para el Desarrollo tendrán a su cargo “la coordinación e implementación de planes, programas y acciones para el desarrollo integral, funciones de atención ciudadana, supervisión de los servicios y programas a cargo de las Secretarías, las dependencias y entidades, así como la supervisión de los programas que ejercen algún beneficio directo a la población”.

El tema de los “súperdelegados” fue cuestionado por PAN, MC, PRI y PRD en ambas Cámaras durante su aprobación, pero la iniciativa de Morena para ponerlas en marcha apenas sufrió pequeñas modificaciones en el proceso legislativo.


Consejería jurídica

El abogado Julio Scherer Ibarra, hijo del periodista Julio Scherer García, asumirá la oficina desde la cual se brinda apoyo técnico-jurídico al Presidente.

La Consejería mantiene las más de 10 atribuciones contempladas en los artículos 43, 43 Bis y 43 Ter de la Ley Orgánica de la APF, entre las que destacan la revisión y elaboración de reglamentos, decretos, acuerdos, nombramientos y resoluciones presidenciales.

Y agrega una facultad: el nuevo consejero jurídico podrá nombrar y remover a los titulares de las unidades jurídicas de las Secretarías de Estado y otras entidades del gobierno federal, aunque estarán adscritos, administrativa y presupuestalmente, a la dependencia donde laboren.


Comunicación

Jesús Ramírez Cuevas, periodista, ex asambleísta constituyente en la CDMX y colaborador de AMLO desde hace más de una década, será el coordinador de Comunicación Social de la Presidencia.

Bajo la tutela del jefe de la Oficina de la Presidencia, Ramírez concentrará las funciones de Comunicación Social del gobierno federal, coordinando a un equipo de enlaces en las secretarías de Estado y las demás dependencias federales, que sustituirán a los anteriores coordinadores generales de Comunicación de cada área.

Aunque se ha dicho que la relación institucional con los medios y la contratación de la publicidad oficial se ejercerán desde Presidencia, la Ley de la APF ya reformada otorga a la Secretaría de Gobernación esas funciones.

“Elaborar e instrumentar la normatividad aplicable, conforme a la Constitución y las leyes, en materia de comunicación social del gobierno federal y las relaciones con los medios masivos de información… “, dice la fracción VIII del artículo 27 de dicha ley.

En el dictamen que aprobó la Cámara de Diputados, se facultaba a la Segob a “proveer el servicio de radiodifusión pública digital a nivel nacional”. Una redacción que levantó ámpula entre Organizaciones No Gubernamentales, que lo interpretaron como una intención del nuevo gobierno de controlar los medios públicos.

Los activistas y organizaciones aseguraron que esa redacción constituía un retroceso en materia de libertad de expresión y derecho a la información.

“Los medios públicos deben estar libres de cualquier interferencia política. Los medios públicos no deben ser medios oficiales. La regulación de los medios debe estar a cargo de autoridades independientes del poder político o económico”, señalaron en su pronunciamiento.

La protesta de organizaciones y periodistas llegó hasta el Senado, donde la nueva Ley de la APF fue aprobada el jueves pasado. En el debate, Morena echó para atrás la redacción que señalaba que Segob debe “proveer” el servicio de radiodifusión pública, y la oposición admitió el cambio, no sin antes denunciar una presunta intención original del nuevo Gobierno de controlar los medios públicos.

La nueva redacción del artículo 27 también establece que la Segob tiene como atribuciones: “autorizar, supervisar y evaluar los programas de comunicación social y publicidad de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”, lo que también causó malestar entre organizaciones defensoras del derecho a la información, que desde hace meses demandan que la publicidad oficial sea regulada y contratada por un ente autónomo.

Sin embargo, esa redacción fue ratificada sin modificaciones en el Senado de la República.


Otras funciones

A la Oficina de la Presidencia de la República también se le encomendó “difundir y proyectar el derecho a la memoria de la Nación”.

En sintonía con esta reforma, el lunes 19 de septiembre el Presidente electo anunció el nombramiento de su esposa, la historiadora Beatriz Gutiérrez Müller, como coordinadora del Consejo Asesor de Memoria Histórica, del que forman parte seis intelectuales, y que trabajará sin remuneración.

El Presidente tendrá otros consejos asesores: uno en materia de seguridad, con Manuel Mondragón y Kalb, Loretta Ortiz y Alejandro Gertz Manero. Y el de empresarios, que coordinará Alfonso Romo.

Además, una reforma al artículo 21 de la Ley de la APF facultará a López Obrador para crear comisiones que lo auxilien en el despacho de diversos asuntos.

El dictamen indica que las “comisiones intersecretariales” serán creadas por el Presidente para el despacho de asuntos en los que deban intervenir varias secretarías de Estado. Las “consultivas” serán integradas por profesionales, especialistas o representantes de la sociedad civil, para emitir una opinión sobre algún tema específico. Y las “presidenciales” podrán ser formadas por funcionarios, especialistas o profesionistas y ex servidores públicos de otros poderes u órdenes de Gobierno, para ejecutar funciones de investigación, seguimiento, fiscalización, propuesta o emisión de informes que servirán de base para la toma de decisiones.

Las comisiones presidenciales provocaron un álgido debate en la Cámara de Diputados, durante la aprobación de la reforma al artículo 21, pues la oposición advirtió que podrían usarse como Comisiones de la Verdad, para abrir o cerrar asuntos a criterio del Presidente. Finalmente, se aprobó con los 328 votos de Morena y sus aliados, 118 abstenciones y 18 votos en contra.

El tema volvió a ser cuestionado por la oposición en el Senado, pero Morena usó su mayoría para que se aprobara en los mismos términos.


La nueva SSPC

Con la llegada de AMLO a la Presidencia, resucitará la Secretaría de Seguridad Pública creada por Vicente Fox en el 2000, y desaparecida por Enrique Peña Nieto en 2012, luego de una polémica actuación durante los dos sexenios panistas.

A la nueva Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que estará a cargo del ex foxista sonorense Alfonso Durazo, se le asignaron 24 facultades que, en el sexenio de Peña Nieto, eran de Gobernación.

Destacan, entre otras: proponer al Ejecutivo la política criminal, proponer políticas y lineamientos en carrera policial y el programa rector para la profesionalización policial, administrar el sistema penitenciario federal; organizar, dirigir y supervisar el Centro Nacional de Inteligencia (antes Cisen, que AMLO prometió desaparecer); proponer al Presidente el nombramiento del comisionado general de la Policía Federal y del secretario ejecutivo del Sistema nacional de Seguridad Pública.

Aunque en el papel el secretario Alfonso Durazo coordinará la política de seguridad, en los hechos la estrategia que anunció AMLO el pasado 15 de noviembre le resta atribuciones. Por un lado, se anunció la creación de una Guardia Nacional que implicará la desaparición de la Policía Federal (brazo operativo de la Secretaría de Seguridad). Y, por otro, se otorgó al próximo secretario de la Defensa Nacional el mando del nuevo cuerpo.

Para crear la Guardia Nacional, AMLO y Morena iniciaron el proceso legislativo para reformar 13 artículos de la Constitución; entre otras cosas, para eliminar la prohibición a autoridades militares de realizar funciones distintas a las de la disciplina militar en tiempos de paz.

La propuesta provocó fuertes críticas de especialistas, activistas ciudadanos y defensores de derechos humanos nacionales y extranjeros, quienes advierten sobre la militarización y la continuación de una estrategia de guerra lanzada por Felipe Calderón desde diciembre de 2006, con resultados fatales.

“Hacemos un enérgico y urgente llamado al Presidente electo para detener la reforma constitucional anunciada, y optar en cambio por el desarrollo y fortalecimiento de nuestras instituciones civiles de seguridad. Aún es tiempo”, expusieron 544 organizaciones, activistas y académicos en un pronunciamiento hecho el 20 de noviembre.


Alertan sobre centralización del poder

Expertos advierten que el esquema administrativo propuesto por el próximo gobierno centraliza el poder a partir de dos elementos: el político y el presupuestal.

El doctor en Administración Pública, José Juan Sánchez, indica que no es casualidad que las instituciones más reforzadas con las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal sean la Presidencia de la República y la Secretaría de Hacienda.

“La propuesta de esta iniciativa no es descentralizar el gobierno; por el contrario, es controlarlo presupuestal y normativamente, pero al mismo tiempo tiene un proyecto político de fondo: consolidar la presencia de Morena en todo el gobierno federal, pero también en los estados”, asegura.

El especialista de la UNAM indica que el mejor ejemplo de esta centralización es la creación de la figura de los “superdelegados” y la adscripción de la coordinación de éstos a la Presidencia de la República.

“Eso lo que va a provocar es un mayor control del gobierno federal en los gobiernos estatales y, por supuesto, va a generar un control político muy fuerte del partido en el gobierno, y al Presidente le va a permitir hacer un contrapeso a los gobiernos estatales”, señala.

El investigador subraya que de todas las secretarías de Estado que fueron impactadas por las reformas a la Administración Pública Federal, Hacienda será la más fortalecida, lo que denota la intención de ejercer un control también desde el ámbito presupuestal.

“La que mayores funciones va a tener es la Secretaría de Hacienda; van a pasar por ahí contratos y licitaciones, van a desaparecer las oficialías mayores y van a funcionar como unidades de Administración y Finanzas bajo la encomienda de Hacienda. Desde el punto de vista presupuestal, contable y todo lo que tiene que ver con contrataciones, la Secretaría de Hacienda se convierte en una instancia concentradora muy importante”, sostiene.

Para el investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Guillermo Cejudo, Hacienda no sólo ejercerá un control presupuestal sino también administrativo, al tener a su cargo la designación de los funcionarios públicos encargados de revisar aspectos fundamentales para el desempeño diario de las instituciones, como recortes de personal, la autorización de viáticos, la aprobación de proveedores o el pago de vehículos.

“Eso es más poderoso que el mero control presupuestal, porque ya no es nada más el control de los montos sino el control del ejercicio y no es control contable sino administrativo, es decir, no sólo voy a revisar cómo estás gastando los recursos, ahora voy a tener bajo mi responsabilidad a la persona que autoriza si lo puedes gastar o no”, explica.

El académico advierte que este esquema implica riesgos, ya que demanda capacidades operativas que hasta ahora no han sido desarrolladas por dependencias como Hacienda.

“Eso requiere, y ese es el desafío o riesgo, una capacidad operativa que en Hacienda no existe, que nunca ha existido, porque es una función nueva.. es decir, tiene que tomar decisiones sustantivas, pero con información que tendría que generarse, porque no existe esa información centralizada. ¿Así cómo puede ser una oportunidad de convertirse en una función integradora?, puede terminar volviéndose un cuello de botella a la hora de operar”, afirma.

AGENCIA REFORMA

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