investigaciones especiales

INE impone medida cautelar a Diputados de Orizaba

Hicieron uso indebido de recursos para promocionar su imagen durante contingencia sanitaria

/ Manuela V. Carmona /
Orizaba, Ver.-

Por promocionar su participación en la entrega de bienes o productos a la ciudadanía durante la pandemia, el Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió imponer medida cautelar a los diputados federal y local por el Distrito de Orizaba, Dulce María Corina Villegas Guarneros y Augusto Nahúm Álvarez Pellico respectivamente.
Y es que de acuerdo al comunicado de prensa número 148, tras una investigación se impuso de oficio procedimientos especiales sancionadores debido a que tienen que ver con el uso indebido de recursos públicos y promoción personalizada que pudiera afectar las condiciones de equidad de cara a los próximos procesos electorales federales y locales.
La comisión conformada por las consejeras Claudia Zavala y Adriana Favela, así como del consejero Jaime Rivera, ordenó a 22 servidoras y servidores públicos que se abstengan de promoverse en actividades de entrega u ofrecimiento de bienes y productos durante la emergencia sanitaria y su respectiva difusión o publicidad, ya que, desde una perspectiva preliminar y bajo la apariencia del buen derecho, sus publicaciones contienen elementos de promoción personalizada; es decir, refieren su nombre y cargo, aparece su imagen y los mensajes publicados, en general, son realizados en primera persona.
De los 63 servidores públicos, 10 de ellos son del estado de Veracruz, encabezando la lista las diputadas federales de Morena: Dulce María Corina Villegas Guarneros y Norma Azucena Rodríguez Zamora; así como los legisladores locales de Morena: Deisy Juan Antonio, José Magdaleno Rosales Torres, Augusto Nahúm Álvarez Pellico, Elizabeth Cervantes de la Cruz, Raymundo Andrade Rivera, Magaly Armenta Oliveros, Wenceslao González Martínez, en total ocho diputados locales y dos federales.
De un análisis preliminar se consideró que estos hechos podrían constituir también una violación a los principios de imparcialidad y legalidad que deben seguir las funcionarias y funcionarios públicos, por lo que se determinó que, en un plazo no mayor a 24 horas, realicen las acciones necesarias y suficientes para eliminar las publicaciones tanto en redes sociales como en páginas de internet.

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