investigaciones especiales

Obra del Tren Maya desplazará a casi 3 mil 300 hogares

CIUDAD DE MÉXICO.-

El Tren Maya desplazará a 3 mil 286 hogares ubicados en 2 mil 294 predios, con una o más viviendas en cada uno, porque están asentados sobre el derecho de vía actual de la línea y del trazo propuesto para la construcción y operación de la obra ferroviaria de este sexenio.

De acuerdo con el Programa de Adquisición para las Reubicaciones de Asentamientos Humanos en el Derecho de Vía del Proyecto Tren Maya del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), al cual tuvo acceso EL UNIVERSAL, la reubicación de todas estas familias costará 3 mil 579 millones de pesos.

El proyecto, puesto a consideración de la Unidad de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, supone mover hogares asentados en varias ciudades por donde correrá el tren: Campeche, Cancún, Candelaria, Chiná, Escárcega, Mérida, Palenque, Playa del Carmen, Puerto Morelos, Tenosique, Calkiní y Benito Juárez en los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

El desplazamiento obedece, de acuerdo con el documento, a que la presencia de viviendas en el derecho de vía conlleva un riesgo tanto para las familias asentadas como para la operación segura del Tren Maya, al ser éste un tren de alta velocidad.

Es decir, los habitantes asentados a 20 metros o menos de cada lado de la vía férrea requieren reubicarse fuera del derecho de vía, para salvaguardar su integridad física, mantener el valor de su capital edificado, y garantizar una vivienda adecuada.

Para este año se estima reubicar a mil 314 hogares y para 2022 otros mil 972 hogares.

En total, se considera la construcción o adquisición de 2 mil 989 viviendas para que 3 mil 286 hogares y que puedan tener una vivienda adecuada.

Son 2 mil 294 predios que están sobre el derecho de vía de la obra; la reubicación de estas familias tendrá un costo de 3 mil 579 mdp, de acuerdo con un documento de Fonatur.

Reubicación y espacio.

Algunas de estas viviendas serán construidas en ex situ, ya sea en predios que adquirirá el Fonatur o en otros cuando se adquieran hogares completos ya construidos, y otras a edificar in situ, dentro de las propiedades afectadas, pero fuera de la franja del derecho de vía cuando sea posible.

De ellas, mil 345 serán viviendas de tipo interés social y mil 644 de tipo medio. La tradicional de interés social tendrá 71 metros cuadrados con cocina, estancia-comedor, un baño y medio, dos o tres recámaras y cajón de estacionamiento.

La vivienda media abarcará 102 metros cuadrados con cocina, sala, comedor, dos a tres recámaras, cuarto de servicio, dos baños, y entre uno y dos cajones de estacionamiento.

En el diseño de ambos tipos de vivienda la altura mínima de los espacios dentro de la vivienda será de 2.7 metros, de conformidad con la zona climática.

El proyecto contempla la adquisición de predios de 200 metros cuadrados a costo de mil 72.54 pesos el metro cuadrado, 3.5 veces más del valor promedio del avalúo realizado por el INDAABIN de terrenos asentados en los predios a lo largo del trazo que se estará compensando.

El proyecto prevé que la vida útil de las viviendas construidas será de al menos 30 años.
Inversión y financiamiento.

La inversión, incluyendo el impuesto al valor agregado, asciende a 3 mil 579.32 millones de pesos. Otros costos considerados son por la negociación, mudanza y el costo de oportunidad.

Se plantea que 100% del financiamiento será con recursos fiscales federales.

Para el proyecto se plantearon dos alternativas, una corresponde a la adquisición de predios y la construcción de viviendas, y la otra a la renta de vivienda para estos hogares.

Los estudios estimaron costos de la renta por vivienda por 444.90 millones de pesos.
En adición, al igual que en la opción del proyecto, se tendrían durante el horizonte de evaluación, a partir de 2023 costos por mantenimiento de las viviendas, estimados en un promedio de 15 mil 603 pesos al año.

Entre las ventajas de renta es que en algunos lugares quizás podría solucionarse el problema de acceso a la vivienda de forma más expedita, ocupando viviendas disponibles, incluso en fraccionamientos nuevos que tienen vivienda «abandonada».

No obstante, Fonatur identificó al menos seis riesgos que podrían afectar la reubicación: retraso en la contratación de los servicios de adquisición de los predios, en las gestiones ante los registros públicos, no conseguir la aprobación de ejidatarios —requerida por ley en terrenos ejidales o comunales—, retraso en la decisión de las personas que habitan en el derecho de vía actual o próximo sobre la solución de vivienda a escoger, de un mayor costo en la construcción de viviendas y el cambio del trazo del Proyecto Tren Maya.

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