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Despenalizan el aborto en México

México, D.F. (APRO).- Por unanimidad de sus diez ministros presentes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional sancionar penalmente a las mujeres que aborten.

La ministra Margarita Ríos Farjat argumentó a favor de esta decisión que en este asunto están en juego los derechos humanos, pues el acceso libre y seguro a la interrupción voluntaria del embarazo no está prohibido en la Constitución, por lo que se debe evitar la intrusión del Derecho Penal en este tema.

Para fundamentar su voto, Ríos añadió que se estima que cada año se realizan entre 350 mil un millón de abortos, de los cuales una tercera parte presentan complicaciones, debido a la dificultad que enfrentan las mujeres para acceder a una atención médica con todas las condiciones sanitarias necesarias.

“Este es un tema de Salud Pública que debe garantizar el Estado”, finalizó diciendo la ministra.

Por su parte, el ministro Fernando Franco González Salas afirmó que la Constitución protege al aborto en cuatro hipótesis: durante el inicio de la gestación, si el producto es inviable, si está en riesgo la salud de la mujer y si el embarazo ocurrió en contra de su voluntad.

Por ello se sumó a la posición que pidió incluir en la declaración de invalidez al artículo 195 del Código Penal de Coahuila, que prevalecía en el proyecto original propuesto por el ministro Luis María Aguilar Morales.

El proyecto fue realizado por el ministro Luis María Aguilar Morales quien lo presentó ante el Pleno este lunes y al inicio de su exposición aclaró que su propuesta no trata de defender el derecho al aborto sino el derecho de la mujer a decidir libremente sobre su vida.

«No tiene cabida dentro de la doctrina jurisprudencial de este Tribunal Constitucional, un escenario en el cual la mujer no pueda plantearse el dilema de continuar o interrumpir su embarazo por un corto periodo de tiempo al inicio de la gestación, pues ello equivaldría a asumir que su dignidad y autonomía personal pueden modularse y restringirse en función de supuestos basados en un constructo social que, antes que mujeres independientes, las configura como instrumentos de procreación», señala el proyecto avalado por la Corte.

«No tiene cabida, para anular el derecho a decidir, una postura de corte paternalista que apoye la idea de que las mujeres necesitan ser “protegidas” de tomar ciertas decisiones sobre su plan de vida, salud sexual y reproductiva, pues ese acercamiento conlleva una desconsideración de la mujer como un ser racional, individual y autónomo, plenamente consciente de las decisiones que –conforme a su proyecto de vida– son las que considera más convenientes».

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