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Los riesgos de extraer y vender carbón al Gobierno mexicano, el codiciado carbón rojo.

Por Elena Reina (El País).-

La mina que colapsó en Sabinas (Coahuila), donde quedaron atrapados al menos 10 trabajadores, refleja las condiciones mortales en las que opera el sector sin que una autoridad lo impida.

Lo llaman carbón rojo porque va manchado de sangre. En Coahuila, donde se extrae el 99% del mineral que se vende a la Comisión Federal de Electricidad mexicana, una nueva tragedia ha sacudido al sector. En esta región sembrada de minas y dedicada exclusivamente a este oficio, del que viven miles de familias y cuyos jóvenes heredan sin más remedio el trabajo de sus padres, al menos 10 mineros han vuelto a quedar atrapados tras el colapso de un pozo a 60 metros de profundidad. El carbón que se vende al Gobierno mexicano, uno de los estandartes de la política energética del Gobierno que encumbra el autoabastecimiento nacional, sale cada año muy caro para quienes lo extraen. En Sabinas, a 300 kilómetros de la capital del Estado, los familiares de los trabajadores esperan respuestas mientras muchos se preguntan: “¿Cuántos más tienen que morir?”.

Las condiciones mortales en las que operan este tipo de minas provocan tragedias cada año sin que una medida gubernamental lo haya impedido. En junio de 2021, siete trabajadores fallecieron después del derrumbe de otra mina de carbón cerca de Sabinas, en Rancherías. Las organizaciones de derechos humanos habían denunciado repetidas veces las pésimas condiciones laborales de la explotación, incluso ante el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Barlett, pero no recibieron respuesta y el túnel, como auguraban, acabó desplomándose.

Y todavía está muy presente en el recuerdo colectivo de la región la gran tragedia minera de 2006, la de Pasta de Conchos, que se cobró la vida de 65 compañeros por una explosión. El gas se fue acumulando en el interior y finalmente acabó con la vida de los obreros que estaban trabajando en ese momento. Los mineros llevaban años denunciando la inseguridad y las pésimas condiciones laborales.

Una de las activistas más reconocidas por su defensa de los derechos a los mineros, Cristina Auerbach, insiste: “¿Cuántos más para que las autoridades exijan a estas empresas que operen con las mínimas exigencias de protección para los trabajadores, higiene, medios, incluso para que los contraten de forma legal?”. “Lo que ha sucedido con Sabinas es la misma película, que se repite una y otra vez”, agrega.

Auerbach explica cómo son las condiciones de trabajo de los mineros que han quedado sepultados por el lodo a 60 metros bajo tierra. “Se trata de pozos, tiros verticales, este tenía 60 metros y se llenó de agua, que es más bien lodo, unos 30 metros”, apunta la activista. Señala también que es un error llamarlo “derrumbe”, pues de alguna forma puede relacionarse con un accidente. Y ella lo niega rotundamente, lo ha visto en otros sucesos similares: “Lo que sucede es que en las minas de carbón se debe barrenar, hacer hoyos en la pared para ver si hay gas o agua, si no hay nada, avanzas un par de metros, pero siempre tiene que haber una barrera de protección. Si no la hay y se rompe la pared, la presión del agua, que lleva lodo, arrastra todo a su paso”, explica. Y añade: “Es una mina que no tenía salida de emergencia. Es responsabilidad de la Secretaría del Trabajo inspeccionar este tipo de pozos. Dicen que no tenían ninguna denuncia, pero no debe ser necesario, su trabajo es garantizar la seguridad de los mineros”.

Las minas de esta zona en Sabinas sufren además otros riesgos por su cercanía con el río Sabinas. “Sucedió lo mismo en Rancherías, y desde entonces no ha habido ninguna política para impedir que se repita”, cuenta Auerbach. La activista denuncia que además la Comisión Federal de Electricidad ha comisionado de forma reciente más de un millón de toneladas de carbón para la zona. “Esta es la peor minería. Hacen creer a la sociedad que heroicamente generamos electricidad para el país, pero la realidad es que es a través de formas precarias y condiciones miserables de vida de los mineros: siempre pobres y siempre los que mueren”, remata.

Entre 2000 y 2019, unos 2.626 mineros quedaron incapacitados permanentemente, de acuerdo con la amplia investigación El carbón rojo de Coahuila: aquí se acaba el silencio. A pesar de todo ello, en una región de 160.000 habitantes, unas 3.000 familias dependen directamente de la industria carbonífera y cerca de 11.000 empleos indirectos asociados a ella.

La activista explica que un minero cobra de media unos 150 pesos diarios, registrados oficialmente ante el seguro social, de manera ilegal les pueden abonar a algunos más dinero. Pero de esta cantidad oficial, un 70% es lo que cada familia recibirá de pensión mensual por su padre, esposo o hermano fallecido, alrededor de unos 2.000 pesos, unos 100 dólares. Para la mayor tragedia minera del país, Pasta de Conchos, también en Coahuila, las familias de hasta tres hijos recibían una pensión de 3.000 pesos al mes. Para la de Rancherías, las familias están cobrando una pensión similar. “¿Quién vive con eso? Nadie”, denuncia Auerbach.

Los mineros estaban faenando a 60 metros de profundidad cuando se encontraron con un flujo de agua subterránea que provocó que el túnel se viniera abajo, de acuerdo con un comunicado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). El desplome ha sucedido sobre la una y media de la tarde. En un primer momento, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador comunicó que eran nueve las personas atrapadas en la mina, pero el fiscal general de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara, ha elevado la cifra a 10, según ha recogido Milenio. Sin embargo, no hay una lista oficial con los nombres de los mineros atrapados.

Uno de los mineros, que consiguió escapar, es el que dio la voz de alerta, de acuerdo con la prensa local. La mina, conocida como Las Conchas, se encuentra en la comunidad de La Agüita, 300 kilómetros al norte de Saltillo, la capital estatal. La Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) ha iniciado el plan DN-III, un operativo militar diseñado para asistir a la población civil en situaciones de desastre. Al menos 92 militares se han trasladado al lugar junto con especialistas en derrumbes y un equipo de perros rastreadores, además de la Guardia Nacional, Protección Civil y equipos de rescatistas.

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