investigaciones especiales

Dos mandos militares son acusados de lavado de dinero y abuso de autoridad; el Ejército encontró transferencias por más de 200 mdp

Agencias(LatinUs), 10 octubre de 2022.-

Mandos del Ejército son investigados por contratar a empresas fachada que presuntamente realizaron operaciones con recursos de procedencia ilícita, de acuerdo con una denuncia abierta en el órgano interno de control de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Según el documento, que está dentro de los correos hackeados por “Guacamaya” de servidores de la Sedena, el coronel ingeniero diplomado de estado mayor Rafael G., encargado de una subdirección del Ejército, contrató en 2019 a una empresa de forma irregular para impermeabilizar instalaciones militares, y designó al capitán Jorge A. como coordinador de la obra quien recibió numerosas transferencias electrónicas de dinero y en efectivo que aumentaron su patrimonio en 7,386% en menos de tres años.

Esta es la revelación que realizó el área de Quejas, Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control en la Sedena al área de Responsabilidades de dicha unidad el 30 de abril de 2021, de acuerdo con un correo electrónico.

El Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa muestra el modus operandi en el que el capitán Jorge A. recibió depósitos millonarios de parte de la empresa Sinergia Integral Cristowen, incluso antes de que el coronel Rafael G. la contratara para impermeabilizar casi 588 mil metros cuadrados de inmuebles de 189 organismos militares, una superficie equivalente a la colonia Polanco de la Ciudad de México.

Jorge A., además de tener tres cuentas en Banjército, abrió dos más en Banco Coppel en las que recibió abonos electrónicos por un total de 239 millones 573 mil 946 pesos, entre 2017 y 2019, de los cuales 190 millones provienen de cuatro empresas que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) calificó como “fachada”.

En ese periodo, el militar efectuó retiros por 83 millones 387 mil 293 pesos los cuales dispersó a cuentas bancarias de ocho personas, entre ellas dos militares, y a tres empresas.

Los investigadores de la Sedena, que actuaron conforme la alerta de la UIF, encontraron que el capitán realizó 70 traspasos entre cuentas propias por 33 millones 677 mil pesos y recibió cinco transferencias de otras cuentas por 5 millones 135 mil pesos.

Las acusaciones de posible lavado de dinero se sustentan también en que el militar recibió 43 depósitos en efectivo por un total de 619 mil 146 pesos.

La Sedena destaca que el capitán investigado percibió, en dicho periodo, un salario por un total de 3 millones 242 mil pesos.

“No queda lugar a dudas de la probable responsabilidad del capitán (…) en la comisión de las conductas de COHECHO, PECULADO, COHECHO DESVÍO DE RECURSOS PÚBLICOS y ACTUACIÓN BAJO CONFLICTO DE INTERÉS”, señala el documento de 85 páginas, el cual se informa fue enviado al titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval.

La red de complicidad se sustenta, de acuerdo con el expediente 2019/SEDENA/DE213, en que el coronel Rafael G. incurrió en abuso de funciones al no tener autorización para invitar y contratar empresas para obras y servicios para la Sedena.

Además, contrario a las disposiciones legales, el coronel ordenó a las 12 regiones militares del país pagar a dicha empresa los trabajos de forma anticipada, pese a que ni el material había sido entregado a los almacenes como marcaba el contrato.

El coronel Rafael G., dice el informe, es “presuntamente responsable del abuso de funciones, en virtud de que ejerció atribuciones que no tenía conferidas, al autorizar un procedimiento de invitación a cuando menos tres personas y suscribir un contrato, sin contar con facultades para ello y sin que estuviera apegado a lo señalado en la Ley de Adquisiciones”.

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