Juez ignora pruebas a favor de tesorero de Sayula y lo vincula a proceso
Xalapa, Ver.-
Sin tomar en cuenta un cúmulo de pruebas que comprobaban la inocencia de Rafael González Cárdenas, y de su acompañante, un capitán de SEDENA, Mario Vivanco Gastelum, juez de Coatzacoalcos, vinculó a proceso al par de imputados, y les dio un año de prisión preventiva con un mes para concluir la investigación complementaria.
Enrique Rentería Zavaleta, abogado defensor del tesorero, señaló que se presentaron diversas pruebas que desvirtuaban el señalamiento de la Fuerza Civil, como un video en donde se aprecia que los dos fueron interceptados frente a Villa Cantares, entre Acayucan y Sayula de Alemán, y no en Barrillas, Coatzacoalcos.
La defensa incluso presentó testigos, pero sus dichos no fueron tomados en cuenta, y por eso se dictó prisión preventiva contra Gioberti Tochinami Vázquez y Rafael González Cárdenas.
“Todos los medios de prueba se admitieron en audiencia y se desahogaron, y fue omiso (el juez) en valorarlos, eso fue de manera arbitraria. Las argumentaciones de la defensa, de que no había delito, no fueron tomadas en cuenta”, dijo el abogado.
“A todo lo que se le mencionó que no se reunían requisitos para la vinculación a proceso, no dio contestación, no le dio valor a lo dicho por los testigos (que afirman haber visto cuando la patrulla paró el coche del tesorero en Villa Cantares), a su parecer, dijo, estaban aleccionados”, comentó.
Debe comentarse que el primer juez del caso, era Florencio Hernández Espinosa, pero posteriormente, por instrucciones de la Presidenta del Poder Judicial, le dan el caso a Mario Vivanco Gastelum, un polémico togado con numerosas acusaciones de corrupción y malas prácticas.
En todo momento el juez siempre estuvo de lado de Fiscalía, pues la defensa tramitó al menos tres controles judiciales para que se realizaran actos de investigación, pues es su obligación tutelar el derecho a aportar pruebas y adecuada defensa, además, como juez, podía requerir a la Fiscalía para que hiciera los actos de investigación que desde el siete de diciembre se solicitaron y se acordaron como procedentes.
La Fiscalía General del estado informó mediante un comunicado que se dictó medida cautelar de prisión oficiosa por un año por delitos contra la salud y contra las instituciones de seguridad pública.
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