Detectan sobrecostos en nuevo edificio del Poder Judicial en Coatzacoalcos
Durante diez años, el Consejo de la Judicatura desembolsará 45 millones 924 mil pesos de renta por un edificio que no cumple con la normatividad técnica para instalación de nuevos juzgados.
La ASF emite una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria contra los funcionarios que permitieron este dispendio.
/ JORGE CÁCERES /
COATZACOALCOS, VER.-
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un sobrecosto de 23.5 millones de pesos en la instalación de los nuevos tribunales del Poder Judicial de la Federación que estarán ubicados en la zona centro de Coatzacoalcos y que no cumplen con la normatividad interna.
La ASF emitió una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria contra funcionarios del Poder Judicial en Coatzacoalcos que permitieron un dispendio por más de 23.5 mdp para los trabajos de adecuación de este edificio ubicado en avenida Zamora 419, zona centro, que no es no apto para instalar juzgados, según indica el Segundo Informe de Resultados de Fiscalización de la Cuenta Pública 2021 practicada por este órgano.
Entre las principales irregularidades, es que el Consejo de la Judicatura desembolsará un total de 45 millones 924 mil pesos durante los próximos diez años (equivalentes a 3.5 veces el valor de dicho inmueble) por concepto de renta y adecuaciones de este edificio.
Un negociazo inmobiliario.
De acuerdo a la ASF, el edificio donde estarán ubicados el Primer y Segundo Tribunal Federal Laboral de Asuntos Individuales del Poder Judicial de la Federación no es apto ni seguro para la instalación de juzgados ya que no cuentan con accesos para personas con discapacidad ni estacionamiento público, tampoco cuenta con barda perimetral.
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) desembolsó un monto de 23 millones 508.6 mil pesos (sin incluir mobiliario), el cual representa el 178.6% del valor físico del inmueble y representa un 104.9 % del valor del total de las rentas, para poder habilitar este edificio como juzgados.
El importe total de las adaptaciones excedió el máximo de 36 meses de renta mensual señalado en el
artículo 477 del “Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo”, puntualiza la ASF.
HUBIERA SIDO MEJOR COMPRAR EL EDIFICIO
Durante los próximos 10 años, de acuerdo a la vigencia del contrato, el Consejo de la Judicatura Federal estarán pagando tan por renta mensual un total de 186.8 mil pesos, cada mes, para uso de este edificio como juzgados del Primer y Segundo Tribunal Federal Laboral de Asuntos Individuales del Poder Judicial de la Federación.
Tras la auditoría, la ASF emitió una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que la Contraloría del Consejo de la Judicatura Federal o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por:
«Irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, solicitaron al Comité de Administración Inmobiliaria del Consejo de la Judicatura Federal autorizar el monto de las adaptaciones realizadas a los inmuebles ubicados en la calle Gutiérrez Zamora Núm. 419, Colonia Centro, Coatzacoalcos, Veracruz, sin acreditar, cabalmente, el cumplimiento de los criterios de eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad y transparencia, ni los beneficios que con ello obtendría el propio Consejo, lo que también fue observado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos (DGAJ) y por la Unidad de Control Interno de la entonces Contraloría del Poder Judicial de la Federación cuyas observaciones no fueron atendidas, y no obstante ello, se continuó con el arrendamiento».
Las violaciones técnicas es que este bien inmueble no cuenta con barda perimetral ya que el edificio colinda con la banqueta; las ventanas y puertas carecen de protecciones y no cuenta con estacionamiento.
Las escaleras no cumplen con las dimensiones requeridas por la norma técnica y no se cuenta con
sistema de detección y alertamiento sísmico. No tiene elementos de accesibilidad para personas
con discapacidad.
«Es importante señalar que en el contrato de arrendamiento se estableció un periodo de gracia de 3 meses para la realización de adaptaciones durante los cuales no se pagaría la renta; sin embargo, el Consejo inició dichas adaptaciones prácticamente al término de esos tres meses, por lo que no utilizó, en su beneficio, todo el periodo de gracia que les otorgó el propietario para realizarlas y, con ello, haber ocupado los inmuebles con mayor oportunidad y evitar pagar renta sin estar todavía funcionando», señala el Informe de la ASF.
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